En concreto, la cifra de demandantes de empleo ascendía a finales de noviembre de 1990 -último mes del que existen datos disponible- a 4.106.700, lo que representa un aumento de 97.700 en relación a finales de 1989.

En ese mismo periodo, los demandantes de trabajo excluidos de las cifras oficiales aumentaron en 176.600, al pasar de 1.582.400 a 1759.000, mientras que la cifra de parados registrados se redujo en 78.800.

El número de los solicitantes de empleo no contabilizados como parados ha registrado un espectacular aumento desde la entrada en vigor de una orden ministerial de 1985, para establecer nuevos criterios estadísticos en la medición del paro registrado.

Esa orden excluyó de las cifras oficiales del paro a los demandantes de empleo que ya tienen un trabajo a tiempo completo o parcial, a quienes tienen suspendidos temporalmentesus contratos en virtud de expedientes de regulación de empleo y a los mayores de 65 años.

También están excluidos los demandantes de un empleo coyuntural por periodo inferior a tres meses, los demandantes de un trabajo cuya jornada semanal sea inferior a veinte horas, los menores de 25 años que estén cursando estudios de enseñanza oficial reglada y los asistentes a cursos de formación profesional ocupacional perceptores de becas.

No constan tampoco los demandantes en situación de incapacidad labral transitoria o de baja médica, los jóvenes que estén cumpliendo el servicio militar o la prestación social sustitutoria y los trabajadores beneficiarios del subsidio agrario, entre otros colectivos.

AUMENTO EN ESPIRAL

En 1984, año previo a la promulgación de esta orden ministerial, las demandas excluidas del paro eran 373.900, casi cinco veces menos que ahora, mientras que la cifra oficial de parados ha disminuido en ese mismo lapso de tiempo en casi 130.000 personas.

La cifra de demandas exluidas experimentó la siguiente evolución en los últimos años: 373.900 en 1984, 519.900 en 1985, 662.200 en 1986, 825.800 en 1987, 1.087.100 en 1988, 1.440.400 en 1989, 1.440.400 en 1989, y 1.759.000 en noviembre del 90.

La justificación técnica alegada para el cambio en el sistema de contabilización de parados es la necesidad de adecuarlo a los imperantes en la Comunidad Europea y las modificaciones producidas "en la naturaleza y condiciones del mercado de trabajo".