Según la organización, unas 5.000 personas entre refugiados y demandantes de asilo en Gran Bretaña, tienen titulaciones superiores, pero se ven obligados a trabajar en empleos de baja cualificación, o a vivir de subsidios estatales. Sin embargo, CARA afirma que si la legislación del país les permitiera ejercer las profesiones para las que estudiaron, se podría hacer frente a la escasez de personal en muchos ámbitos laborales, como por ejemplo el sanitario.

El informe subraya que en el país hay al menos un millar de demandantes de asilo titulados en medicina, y otros setecientos en odontología, además de varios miles entre ingenieros, economistas, científicos y profesores, que se encuentran percibiendo subsidios, incluso después de haber conseguido papeles y permiso de trabajo. Esto es debido a que muchos de ellos no pueden homologar la formación de sus países de origen en Gran Bretaña, porque no disponen del dinero para participar en cursos, y se arriesgan a perder las ayudas estatales.

Sin embargo, el coste de homologar el título de medicina, y obtener una licencia para su ejercicio en el Reino Unido ronda los 1.430 euros y algunos meses de papeleo, frente a los 358.000 euros y los años que cuesta formar a un médico en el país, por lo que los responsables de la ong afirman que la puesta en marcha de medidas para posibilitar que los refugiados y demandantes de asilo puedan ejercer esta profesión, tendría un claro beneficio económico para el país.

Además, los expertos de CARA sostienen que la contribución de este colectivo a la economía del Reino Unido podría ascender a unos 143 millones de euros anuales en impuestos, además del ahorro en subsidios que representaría que estas personas estuvieran en activo.

Según un sondeo realizado el pasado año por el ministerio del Interior británico, en el que participaron 3.000 personas que habían conseguido el estatus de refugiado, un 22% habían sido directivos o altos cargos en su país, un 15% eran profesionales y un 23% trabajadores cualificados.