Esta política de Dell, explica la compañía, va ahora más allá de los requisitos del Convenio de Basilea, que prohíbe la exportación de cierto tipo de residuos electrónicos dependiendo de sus materiales o de su composición química.

En este sentido, la entidad amplía la definición de residuo electrónico a "todas las piezas o dispositivos no operativos (que no funcionan), independientemente del material del que estén compuestos".

Su objetivo, añade, es ayudar a prevenir el vertido ilegal de chatarra tecnológica en países en vías de desarrollo, exigiendo que los equipos sean probados y certificados como "operativos" antes de su exportación.