Según Costa "esta es la mejor fórmula para mantener y buscar el consenso que alcanzamos en el Congreso, que es el que debería mantenerse en el Senado, si consideramos qu no existe ninguna justificación para cambiar de actitud", tal y como hizo el PSOE que, a última hora, se negó a incluir la modificación que establecía un porcentaje para fijar la cuantía mínima que fuese considerada como delito fiscal.

El PP ha manifestado en más de una ocasión su intención de que se incluya un porcentaje "sea el 15 o el 20 por ciento" de la cuota defraudada como límite para que se considere delito fiscal.

Sin embargo, el diputado popular aseguró que "no vale de nada apoyar las ropuestas de CiU, si no las apoya el PSOE. Es una ley que necesariamente tiene que tener un consenso parlamentario", afirmó.

En este sentido, señaló que las propuestas de CiU "son las que mejor reflejan el principio de acuerdo de todos los grupos". Convergencia pide, entre otras cosas, fijar la cuantía mínima del delito fiscal en el 15 por ciento de la deuda tributaria, siempre que se superen los 15 millones de pesetas.

El PSOE rompió dicho acuerdo al no presentar ninguna enmienda en el Senado deincluir un 15 por cien para fijar la cuantía, tal y como se estableció en el principio de acuerdo sobre la reforma del delito fiscal alcanzado en el Congreso.

El diputado popular matizó que "en un acuerdo hay que renunciar a muchas cosas para cada partido. El proyecto no es nuestro modelo de proyecto, pero creemos que es conveniente alcanzar un consenso total

Por lo demás, todos los grupos parlamentarios, a excepción de Izquierda Unida, coinciden en situar en 15 millones la cuantía mínima a defradar para que sea considerado delito.

CLAUSULA ABSOLUTORIA

Los grupos del PSOE, CiU, PP y PNV coinciden también en incluir una cláusula absolutoria por la cual quedarían exentos de todo tipo de responsabilidades penales aquellos contribuyentes que regularicen su situación con el Fisco antes de que se abra la inspección.

En este sentido, CiU hace extensiva la excusa absolutoria a los delitos contra la Seguridad Social, así como a las subvenciones indebidas.

Además, CiU ha propuesto que los cntribuyentes que en 1991 convirtieron sus pagarés del Tesoro en deuda pública especial, se les aplique también la citada cláusula absolutoria.

Otra de las enmiendas nacionalistas defiende la exención de responsabilidades penales para los que haya cometido delito contable.

Por último, el grupo catalán pedirá también la creación de una Comisión de Infracciones de Delitos Fiscales que regule y tipifique el delito antes de ser enviado al juzgado.