Gavito y Sánchez, tras ser llamados a declarar por un presunto delito de contrabando de petróleo el 24 de febrero, solicitaron su aplazamiento y el juez se lo concedió para el 9 de marzo.

El 7 de marzo, Repsol YPF pidió y el 8 obtuvo la suspensión de la investigación por incompetencia en la cuestión del Juez Décimo de Instrucción de lo Penal, al tratarse de materia administrativa y no penal.

Asimismo, el 9 de marzo los representantes de Repsol YPF presentaron una recusación contra el juez cautelar por tener éste un proceso pendiente con la Aduana y lo notificaron a los mencionados fiscales, para dejar claro que no podían realizar ningún acto contra ellos bajo sanción de nulidad.

Los fiscales recurrieron al Juez Décimo de lo Penal y éste levantó la suspensión de la investigación. Además, revocó su recusación y ordenó el allanamiento de las oficinas de Andina y Repsol YPF en La Paz, aunque los militares no encontraron a Gavito ni a Sánchez, ni se llevaron documentación.

Los fiscales ordenaron entonces la busca y captura de los delegados, acción que el Constitucional ha tipificado como "persecución indebida" y declarado nula porque el juez que controlaba la investigación estaba recusado.