Santacana, que compareció en calidad de perito propuesto por el ministerio fiscal, indicó que el Ejecutivo regional, al adoptar esta forma de pago "con cargo a una cuenta extrapresupuestaria", estaba "eludiendo el control del poder legislativo".

Después de calificar este acuerdo del Consejo de Gobierno de "embrollado", el delegado de Hacienda en Cantabria echó por tierra la línea argumental mantenida por los acusados, que sotienen que la responsabilidad recae en los empleados públicos, al señalar que "los funionarios no pueden oponerse a una decisión de un órgano superior".

"Los empleados públicos salvaguardan su responsabilidad ante estas decisiones emitidas por un órgano superior, y si el funcionario se opusiese, lo único que conseguiría es un expediente", indicó.

En este sentido, Santacana puntualizó que "la intervención no puede oponerse a un pago o a una convalidación de gasto aprobada por el Consejo de Gobiern".

Santacana dijo no entender "por qué la Diputación Regional tiene que pagar al que pone el cartel cuando es responsabilidad del contratista de la obra", tal y como acordó el Consejo de Gobierno, presidido por Hormaechea, y destacó la labor de los funcionarios, que con posterioridad y en distintos informes recordaron que el trámite era irregular. "En algunos momentos hacen más de lo que tenían que hacer", señaló.

El delegado de Hacienda en Cantabria culpó al Consejo de Gobierno de ser el causant de esta situación al afirmar que en el caso de la Diputación Regional "se ha abierto una puerta que no se debía abrir, y la responsabilidad es de quien la ha abierto".

Respecto al pago de una subvención a la empresa Aecas, dirigida por el catedrático Pedro Orivé, para la realización de una encuesta, Santancana fue concluyente al afirmar que "pagar una subvención por un servicio es ilegal".