La nota confirma la noticia facilitada esta tarde por la portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Roa Aguilar, que fue posteriormente desmentida, erróneamente, a esta agencia por una fuente oficial de la Delegación del Gobierno en Madrid.

De acuerdo con la nota de prensa, la Delegación del Gobierno no ha cesado a ningún responsable policial, pero sí al de los servicios administrativos por el que pasan las comunicaciones que realizan los convocantes de manifestaciones.

El error cometido por el responsable cesado consistió en considerar que, como el día de la manifestación antiabortista no había leno en el Congreso, no correspondía aplicar las limitaciones establecidas por el artículo 494 del Código Penal, que sí se aplicaron al día siguiente, cuando hubo una manifestación proabortista coincidiendo con el pleno de la Cámara Baja.

Como consecuencia de la falta de medidas adoptadas, según relata la nota de la Delegación, "los manifestantes llegaron a situarse delante del Congreso de los Diputados, cortando la Carrera de San Jerónimo, al entender el citado funcionario que no siendo día de pleno o correspondía las limitaciones establecidas por el Código Penal (artículo 494)".

Ese artículo reza textualmente: "incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento".