Los servicios jurídicos de la institución han apreciado fraude ley, además de vulneración de la buena fe y abuso de derecho, debido a que la comunicación particular fue asumida después públicamente por Batasuna, en conferencia de prensa y con la colocación de carteles en la vía pública.

La persona que comunicó la convocatoria de la manifestación no ha recurrido la impugnación por la Delegación del Gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

"El Cuerpo Nacional de Policía velará por que la prohibición se haga efectiva", advierte el Gobierno, al tiempo que recuerda que Batasuna fue declarada ilegal y disuelta por sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003.

A juicio de los servicios jurídicos de la Delegación del Gobierno, "la participación en un acto público de Batasuna, contraviniendo el mandato judicial de cese de sus actividades, conlleva en sí misma una cuestión de orden público con una previsión de posibles excesos en la manifestación comunicada, aunque sólo sean verbales respecto a la Fuerza Pública, que pueden desatar previsibles actos de violencia con posibles daños a personas o bienes".