El diputado popular señaló que "los usuarios, y especialmente los pensionistas, se ven afectados por esta mala gestión, ya que tienen que soportar los efectos de las listas negativas de medicamentos".

Según Gómez Angulo, Andalucía es la única comunidad autónoma en la que se produce esta situación. "Este hecho no se repite en el resto de España, porque en la comunidads autónomas que tienen transferidas las competencias sanitarias ya se ha producido el pago de las facturas en el plazo máximo de 40 días acordado por el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas y los representantes farmacéuticos", explicó.

El portavoz popular aseguró que mientras el gasto del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en recetas de farmacia ascendió en 1992 a 114.880 millones de pesetas, el presupuesto para 1993 es tan sólo de 95.022 millones.

"No parece razonable", concluyó, "que ls farmacéuticos y los usuarios sean quienes tengan que pagar las consecuencias de este desfase en los presupuestos".