La liberalización de capitales, que se adelantará un año a las exigencias de la CE y se aplicará con todos los países del mundo, supondrá la posibilidad de pedir créditos y hacer depósitos en el extranjero sin niguna restricción.

Las únicas limitaciones serán el mantenimiento de "rígidos controles fiscales" y una supervisión estricta el movimiento físico de billetes en las fronteras, a fin de luchar contra la evasión fiscal y el narcotráfico.

La liberalización exterior también afectará a la supresión, antes del 31 de diciembre, de las restricciones cuantitativas a las importaciones de diversos productos, entre los que destacan los vídeos, las máquinas herramientas y los componentes eléctricos.

APLAZADO EL DEFICIT CERO

Por otra parte, Solchaga reconoció que el déficit presupuestario del Estado representará el año que viene e 2 por ciento del PIB (en torno a 1,2 billones de pesetas), y que el objetivo de reducirlo a cero debe quedar aplazado para "1993 en adelante".

El ministro justificó el cambio de estrategia, alegando que los presupuestos públicos deben realizar una función "anticíclica", para compensar la ralentización de la actividad económica privada y hacer frente a los gastos sociales que acarrea.

Solchaga aseguró que los tipos de interés seguirán bajando en los meses que quedan de 1991 y en 1992, ya que el Gbierno aplicará una política monetaria menos restrictiva, a fin de favorecer la recuperación de la inversión.

Con el mismo propósito, la Ley de Presupuestos del Estado para 1992 incorporará una serie estímulos fiscales para fomentar la reinversión de los beneficios empresariales, que ya estaban previstos en el plan de competitividad.

El objetivo promover la internacionalización de las empresas españolas y el gasto en investigación y desarrollo. Para lo primero, se elevarán del 15 al 20 por cientolas deducciones en el Impuesto de Sociedades por las inversiones capital español en empresas extranjeras.

Para lo segundo, se aplicará, en el mismo impuesto, una deducción del 30 por ciento en las inversiones en intangibles y del 45 por ciento en activos fijos, siempre que la cuantía de lo invertido supere la media de los dos ejercicios precedentes. Esas deducciones son actualmente del 5 y el 30 por cien, respectivamente.

Otras novedades anunciadas por el ministro en material fiscal incluyen la rforma del Impuesto de Sociedades, que se realizará en 1992, y la introducción de un tipo superreducido del IVA para algunos productos de consumo masivo, si bien tampoco esta novedad tendrá lugar el año que viene.

Por lo que se refiere a la política laboral, Solchaga explicó que el Gobierno no suprimirá el contrato temporal de fomento del empleo, como piden los sindicatos, por entender que a él se debe parte del éxito en la creación de empleo desde 1986, sin precedentes en la historia de España.

Aadió que, sobre esa base, está dispuesto a discutir una "drástica" reducción de las 14 modalidades vigentes de contratos temporales, así como del periodo máximo de duración, fijado ahora en tres años.

La política laboral se completará con la supresión de las 150 ordenanzas laborales en vigor, y la limitación o supresión del derecho al subsidio de paro a quienes rechacen ofertas de trabajo o no acudan a cursos de formación profesional.MANO DURA PARA FAVORECER LA COMPETENCIA

En cuanto a las meddas de desregulación interna, el Gobierno impulsará la actuación del Tribunal de Defensa de la Competencia contra las empresas que realicen prácticas restrictivas del mercado.Además, estudiará la posible supresión de la obligatoriedad de la inscripción en los colegios profesionales, así como de los honorarios mínimos que éstos fijan a sus asociados.

Solchaga aseguró que está dispuesto a hacer uso de la facultad que le otorga la Ley de Defensa de la Competencia para imponer multas de hasta el 10 po ciento de la facturación anual a las empresas que impidan la libre concurrencia.

Recordó que las multas del Tribunal de Defensa de la Competencia han pasado de 56 millones en 1989 a 270 millones en 1990 y 972 millones en los nueve primeros meses de 1991. Apuntó como sectores susceptibles de ser investigados a la hostelería, la vivienda, la enseñanza y los seguros.

Para todas estas medidas, Solchaga recabó el apoyo de los grupos parlamentarios, a los que garantizó que no se trata de una "añagaza olítica" sino de buscar el mayor respaldo posible para una cuestión "de Estado" como es conseguir la incorporación de España al mercado único europeo en ls mejores condiciones posibles.