El informe considera que las sedaciones de la gran mayoría de las historias clínicas analizadas fueron "adecuadas e indicadas" y que en el resto de los casos no se puede concluir que los fallecimientos "se deban a la administración de sedantes".

Este texto contrasta con el dictamen de la comisión de expertos designada por Lamela, que relacionaba la sedación y la muerte y hablaba de 73 casos de sedaciones irregulares.

Por ello, la FADSP pidió hoy, en un comunicado, la dimisión o cese de Lamela, la vuelta a su puesto de trabajo del coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa, Luis Montes, y una rectificación y petición de excusas por parte de la presidenta del Ejecutivo regional, Esperanza Aguirre.

En este sentido, la FADSP subrayó que el informe forense manifiesta que el conflicto originado en el Severo Ochoa "se trataba de una manipulación interesada, sin ninguna base firme, por parte de la Consejería de Sanidad".

Además, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública solicitará a la Fiscalía que inicie una investigación para esclarecer si Lamela y la comisión de expertos han incurrido en un delito de prevaricación.