La ADSPM se pronunció así en un comunicado después de conocerse que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid haya relevado temporalmente al jefe de urgencias de este centro hospitalario porque varias denuncias apuntaban a una "supuesta mala praxis en la administración de fármacos" a enfermos terminales.

Por ello, la Asociación del Defensor del Paciente (ADEPA) ha anunciado que presentará una querella al responsable de urgencias del Hospital Severo Ochoa, mientras que el Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha asegurado que la sedación paliativa aplicada en este centro fue avalada por un comité de ética. A este respecto, la ADSPM afirmó que "la buena práctica profesional exige que, en los casos de enfermos terminales, la actuación médica vaya dirigida a disminuir, en la medida de lo posible, los sufrimientos de los enfermos". Esta entidad precisó que "no existe constancia" de que en el Hospital Severo Ochoa se actuase en estos casos "de una manera distinta a lo que es la práctica habitual de los demás centros sanitarios públicos, ni que se utilizasen dosis inapropiadas de medicamentos, ni que se interviniese en contra de las exigencias éticas del ejercicio profesional".

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid subrayó que la mortalidad en las urgencias del hospital de Leganés es "artificialmente elevada debido a que se trata de un centro con una gran presión asistencial y un número insuficiente de camas para atenderla, lo que ha sido denunciado repetidamente por la ADSPM".

En este sentido, agregó que "la permanencia de los enfermos en el área de urgencias a la espera de una cama se prolongaba excesivamente y ello hacía que se hiciera más frecuente el fallecimiento en urgencias y no en las salas de hospitalización (donde era notoriamente menor de lo habitual), siendo al final la mortalidad global del hospital similar a la de los otros hospitales publicos madrileños".

Esta asociación alabó la profesionalidad de los trabajadores de urgencias del hospital de Leganés y apostilló que "no es de recibo que este trabajo, de gran estrés y dedicación personal, sea recompensado poniéndoles en la picota".

Además, señaló que la actitud de la Consejería de Sanidad "recuerda los métodos inquisitoriales" porque "antes de realizar una inspección pormenorizada de los supuestos hechos impone lo que a todas luces son sanciones precipitadas que vulneran el principio de presunción de inocencia".