El pasado día 21 fue admitida a trámite en el Congreso, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo el Bloque Nacionalista Gallego, que se abstuvo, una proposición de ley de reforma de la ley de seguridad vial propuesta por el Grupo Socialista, que pretende, entre otras cosas, regular las sancones de la ORA, que se han declarado ilegales en varias sentencias.

Arnaldo declaró a Servimedia que esta reforma recoge algunos aspectos positivos, como el endurecimiento de algunas sanciones en infracciones que ponen en peligro la vida de los ciudadanos, pero denuncia que su objetivo central es legalizar las multas de la ORA y la posibilidad de que la grúa pueda retirar los vehículos correctamente estacionados que no han colocado el ticket en el parabrisas.

A su juicio, el gran interés de la prctica totalidad de los partidos políticos "nada tiene que ver con la seguridad vial de nuestras ciudades y carreteras, y mucho con la recaudación y buena marcha de las finanzas tanto de los ayuntamientos como de las empresas privadas que explotan, en régimen de concesión, un negocio de miles de millones de pesetas".

Arnaldo puso el ejemplo la ciudad de Vigo, donde Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) lleva la explotación de la ORA desde 1989 y por un período de 10 años. Según AEA, en el pliego e condiciones se contempla una aportación del ayuntamiento a FCC si la recaudación por venta de tickets no alcanza unos mínimos.

AEA explica que al haber caído la recaudación "en picado" desde el verano de 1993, tras dictarse varias sentencias declarando ilegales las multas de la ORA, FCC reclama al ayuntamiento una indemnización de 162 millones de pesetas, que no quiere pagar. Además, añade que si el ayuntamiento quiere suspender el servicio con FCC, debería abonar a la empresa una indemnización de 50 millones.

TODOS LOS AYUNTAMIENTOS

Arnaldo, que aseguró que en esta situación están todos los ayuntamientos que tienen implantada la ORA, criticó que a los políticos "no se les ocurra otra cosa que modificar la ley para que sean los automovilistas los que paguemos los platos rotos, es decir, para que arreglemos los errores de los políticos que acordaron otorgar la explotación de la ORA a unas empresas privadas en unas condiciones absolutamente ventajosas y sin riesgo alguno para ellas".

A juico de Arnaldo, esta propuesta de modificación de la ley de seguridad vial ha surgido "por las presiones de la Federacion Española de Municipios y Provincias (FEMP), y también por los intereses particulares de empresas privadas que gestionan ese negocio de muchos millones de pesetas".