Retuerto, que compareció hoy para explicar el informe realizado por su institución durante 1992, planteó una serie de recomendaciones dirigidas a potenciar la institución, aunque en ninguna recordó la obligación del Parlamento de elegir al Defensor del Pueblo, cargo vacante desde que lo abandonara el pasado 15 de marzo Alvaro Gil- Robles. Tampoco se refirieron a esta situación de interinidad los ortavoces de los distintos grupos parlamentarios, con la excepción de Luis Mardones Sevilla, de Coalición Canaria (CC).

Es más, el representante del PP señaló que "no se ha notado la interinidad", al tiempo que alabó el voto particular que Retuerto hizo en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana, posicionándose entonces en contra de Alvaro Gil-Robles.

En la actualidad, el Defensor del Pueblo es una institución que responde a las quejas que plantean los ciudadanos en su relación con la Administracón del Estado. Su labor se ciñe a comprobar si ésta vulnera la Constitución y las leyes y el resultado se traduce en recomendaciones o sugerencias que no son de obligado cumplimiento para las admnistraciones.

Señaló que en 1992, de las 19.713 quejas recibidas, fueron admitidas un 51 por ciento. La Administración, en un 37 por ciento de los casos reconoció que había actuado mal, en un 1 por ciento mantuvo que tenía razón frente a lo defendido por el Defensor del Pueblo y en un 57 por ciento se comprobóque había actuado correctamente.

La Defensora en funciones, que consideró que "la institución está absolutamente consolidada", pidió una mayor relación entre el Defensor del Pueblo y las cámaras parlamentarias, de forma que su comparecencia se haga más periódica y permitiendo que la institución acuda al Parlamento a instancia propia.

DECALOGO

Retuerto recomendó igualmente, en una especie de decálogo de reflexiones, que se difunda información sobre las competencias, atribuciones y actuación del efensor del Pueblo, "insistiendo en la idea de que la institución es un instrumento de garantía constitucional, no una panacea de los problemas existentes".

A su juicio, la institución se ha demostrado como una "escuela de ciudadanía", ya que cada vez es más conocida y su actividad es creciente.

Retuerto, que amplió el informe de 1992 con datos relativos a 1993, señaló que se ha roto la paulatina tendencia a la baja de quejas, situándose hasta el momento en 20.466.

Respecto al perfil sociolóico de los "quejosos", dijo que son más hombres que mujeres, se está dando un crecimiento de la proporción de parados y estudiantes, mientras se consolida el descenso de jubilados. El nivel económico de los usuarios es bajo y el 50 por ciento de los que escriben tienen edades comprendidas entre 26 y 50 años.

Sobre el tipo de quejas, por áreas de competencia, la mayor parte se refieren a las administraciones de la Función Pública, Educación y Cultura; en segundo lugar, a Trabajo, Seguridad Social y Sandad; seguidas de Administración Económica y Justicia; Administración y ordenación territoriales y Defensa e Interior.

Sobre el contenido del informe, la defensora se centró en las quejas recibidas en 1993, para señalar las referidas a la Ley de Seguridad Ciudadana, que "no fueron muchas", señaló.

Las que se refieren a la entrada en domicilios, todos se produjeron con mandamiento judicial, pero figuran cuatro quejas por detenciones para identificación en las que "ha habido falta de criterios en laaplicación de la ley, falta de proporcionalidad, sanciones no contempladas, denuncias y vejaciones de palabra".

Dijo que "sería necesario que las fuerzas de seguridad del Estado se sometan a un riguroso respeto a la sentencia del Tribunal Constitucional".