Los líderes de CCOO, Antonio Gutiérrez, y UG, Cándido Méndez, entregaron hoy un documento sobre la reforma laboral al adjunto a la defensora del Pueblo, Antonio Rovira, ya que Retuerto se encuentra de viaje, en el que explican qué aspectos de la reforma son inconstitucionales y solicitan a la defensora del Pueblo que interponga recurso de inconstitucionalidad.

Tras una entrevista con Rovira que duró casi una hora, Méndez y Gutiérrez destacaron el rigor profesional del informe, que ha sido elaborado por abogados y profesores y catedráticos de Deecho del Trabajo, y expresaron su confianza en que la defensora del Pueblo analice el documento y atienda finalmente a las peticiones de los sindicatos.

El catedrático de Derecho del Trabajo Manuel Ramón Alarcón, uno de los que ha participado en la elaboración del documento, explicó que han detectado 11 motivos de inconstitucionalidad en las tres leyes que integran la reforma laboral, de los cuales una buena parte hacen referencia a la regulación del contrato de aprendizaje y el de a tiempo parcial. En concreto, UGT y CCOO consideran que el contrato de aprendizaje discrimina por razón de la edad en el salario a los menores de 18 años. Además, también es discriminatorio en materia de protección social, ya que los aprendices no cobran por Incapacidad Laboral Transitoria (ILT) -sólo maternidad- ni desempleo ni prestaciones familiares.

Los trabajadores a tiempo parcial también sufren una discriminación con respecto a los empleados a tiempo completo, a juicio de UGT y CCOO, ya que sólo computan a eectos de la Seguridad Social los días trabajados, mientras a los otros les cuentan los domingos, festivos y vacaciones. Además, denuncian que los trabajadores a tiempo parcial de menos de 12 horas a la semana o 48 al mes tienen una protección social menor que los que están contratados a tiempo completo.

Los sindicatos también consideran inconstitucionales algunos aspectos de la reforma relacionados con los trabajadores comunes, como la violación del derecho a la tutela judicial al considerar que el depido sin carta es improcedente y no nulo o la discriminación salarial de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal respecto a los empleados propios de la empresa.

En opinión de los sindicatos, también vulneran la Constitución aspectos de la reforma relacionados con los delegados sindicales y con el derecho a la negociación colectiva, en este último caso, al permitir cláusulas de descuelgue por acuerdo interno de empresa, cuando el convenio colectivo no ha previsto dicho descuelgue.

"HAPUZA JURIDICA"

El secretario general de UGT calificó de "chapuza jurídica" la reforma laboral y dijo que es "impresentable" cualquier imputación que se haga a los sindicatos de que la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma perjudica a la recuperación económica y al empleo.

"Esperamos que la defensora del Pueblo reflexione sobre el contenido y trascendencia del recurso", dijo, al tiempo que indicó que "el Tribunal Constitucional deberá dilucidar si en materia de refrma laboral vale todo o hay que preservar unas condiciones básicas constitucionales que afectan a la vida de los ciudadanos de este país".

Gutiérrez, por su parte, señaló que la reforma laboral "desbarata algo más que el equilibrio entre los empresarios y los sindicatos en la negociación colectiva. Vulnera derechos fundamentales de la Constitución y abunda en la igualdad y la indefensión jurídica de los trabajadores".

Los promotores del recurso de inconstitucionalidad dejaron claro que su lucha cntra la reforma no termina aqui y que si la defensora del Pueblo no hace caso a sus peticiones, repartirán el documento que han elaborado entre todos los jueces del país, para que cada uno, cuando tenga que aplicar la reforma a un caso concreto, pueda plantear por propia iniciativa cuestión de inconstitucionalidad contra algún punto concreto de la reforma.