UGT y CCOO entregaron a la defensora del Pueblo el pasado día 29 de julio un documento en el que explican qué aspectos de la reforma son inconstitucionales. Retuerto tiene de plazo hasta mañana, día 23, para decidir si atiende a la petición de los sindicatos.

Los sindicatos y los abogados y catedráticos laboralistas han detectado 11 motivos de inconstitucionalidad en las tres leyes que integran la reforma laboral,de los cuales una buena parte hacen referencia a la regulación del contrato de aprendizaje y el de a tiempo parcial, que, a su juicio, son discriminatorios.

Concretamente hoy, UGT ha hecho público un comunicado en el que denuncia que la reforma laboral aumenta la desprotección social, al suprimir prestaciones y subsidios a los trabajadores que tienen el menor nivel retributivo y un alto grado de inestabilidad en el empleo.

UGT se refiere a los aprendices y los empleados a tiempo parcial por períoos inferiores a 12 horas a la semana o 48 horas al mes, que, con la reforma, no tienen derecho a prestaciones en caso de Incapacidad Laboral Transitoria (ILT), enfermedad común o accidente no laboral, ayudas familiares y prestaciones por desempleo.

Para UGT, la reforma "rompe con el principio de solidaridad", es "discriminatoria" y es "contraria al mandato constitucional de igualdad". En su opinión, el fomento de la contratación de jóvenes y mujeres mediante el abaratamiento de los costes laborales nopuede justificar la desprotección social a que se ven sometidos estos dos colectivos.

Según UGT, la reforma vulnera los artículos 14 y 41 de la Constitución. El sindicato que lidera Cándido Méndez recuerda que la Constitución ordena a los poderes públicos el mantenimiento de un régimen público de la Seguridad Social con aspiraciones de universalidad para todos los ciudadanos en situación de necesidad.

UGT explica que los aprendices y empleados a tiempo parcial, que están incluídos en el régimen gneral de la Seguridad Social, están discriminados en relación con el resto de trabajadores. Además, según este sindicato, la reforma es contraria al principio de solidaridad, al excluir de protección social a los trabajadores con menores salarios y mayor grado de inestabilidad en el empleo.