Esta recomendación se prduce por la reclamación de un usuario de teléfono móvil, que demostró que se le había cobrado indebidamente una sobrefacturación por su uso, ante la negativa de Telefónica y de la Administración a reconocer un posible fallo técnico. Esta petición "se ve reforzada ante el proceso de enajenación de la participación pública en Telefónica de España".

En el informe de 1996, al que ha tenido acceso Servimedia, el Defensor del Pueblo relata el caso de un ciudadano que, tras reclamar a Telefónica en varias ocsiones por sobrefacturación de su teléfono móvil, precintó su aparato el 26 de febrero de 1993 y lo depositó en una notaría hasta el 16 de noviembre siguiente.

Sin embargo, y a pesar de estar el teléfono desconectado durante ese periodo, recibió una nueva factura en la que se incluían 8.822 pasos correspondientes al periodo 5 de marzo-7 de abril.

El usuario volvió a reclamar a la Delegación del Gobierno en Telefónica, que se declaró incompetente, y también ante la Secretaría General de Comunicacines. Este organismo del Gobierno desestimó su recurso al considerar que los instrumentos técnicos utilizados en la medición del servicio prestado funcionaron correctamente, "no existiendo prueba alguna que demuestre lo contrario".

El informe del Defensor señala la "incongruencia" entre los contenidos de las resoluciones de los organismos de la Administración y añade que la dictada por la Secretaría General de Comunicaciones no tuvo en cuenta que al interesado se le facturaron pasos estando su teléfonomóvil precintado, circunstancia que acreditó mediante acta notarial.

La oficina del Defensor ha solicitado a la Secretaría General una nueva resolución, que todavía no se ha producido.