En una nota de prensa, la oficina del Defensor del Pueblo explica que está tratando de "resolver de manera apropiada sobre las garantías de los derechos constitucionales" que se pudieron ver vulnerados por la actuación de los trabajadores de tierra de Iberia en dicho aeropuerto.

El Defensor del Pueblo recuerda que desde que hubo noticia del incidente la institución "decidió actuar en el ámbito de sus competencias para garantizar los derechos constitucionalmente reconocidos a los ciudadanos".

En su opinión, la "reacción inmediata" del Gobierno central, "tanto por medio de las intervenciones directas como por la posterior comparecencia parlamentaria de los ministros afectados (Fomento e Interior), y la subsiguiente apertura de un expediente administrativo sancionador, abría unas perspectivas halagüeñas en la reparación de la supuesta vulneración de los derechos de los ciudadanos".

Pese a ello, prosigue el Defensor del Pueblo, teniendo en cuenta las reclamaciones recibidas y las "numerosas" peticiones telefónicas en este sentido, la oficina decidió abrir un expediente de investigación por queja individual el passado 31 de julio, "mucho antes que ninguna otra institución se ocupara del asunto".