Así lo recoger el informe anual 2021 que ha registrado la institución en el Congreso y en el Senado en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP). Precisamente, Ángel Gabilondo presentó este martes en Comisión el balance correspondiente a 2020, año marcado por la pandemia de la covid.

Hace dos años se llevaron a cabo 115 actuaciones de supervisión de las que 66 fueron visitas presenciales y 49 actuaciones sin contacto. En total, se formularon 686 resoluciones (119 recomendaciones, 545 sugerencias y 22 recordatorios de deberes legales).

Según el último informe, de 2021, se inspeccionaron 34 lugares de privación de libertad de corta duración: 13 comisarías y otros espacios de custodia de la Policía Nacional, 12 comandancias y puestos de la Guardia Civil, una dependencia de policía autonómica, cinco calabozos de policías locales y tres salas de custodia en sedes judiciales.

El Defensor del Pueblo se interesó "por que las instalaciones cuenten con las máximas condiciones de seguridad" y "carezcan de elementos estructurales que puedan suponer un riesgo para la integridad física de las personas detenidas". En este contexto, realizó una recomendación a la Secretaría de Estado de Seguridad para mejorar la seguridad de los 15 calabozos ubicados en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Algeciras (Cádiz), donde dos detenidos se suicidaron por ahorcamiento en 2020.

"El MNP también analizó si los abogados pueden acceder a los detenidos de forma reservada y en cualquier momento, y se fijó especialmente en las condiciones en las que se desarrolla la privación de libertad de menores. Sobre este último asunto, y tras una visita a la comisaría de la Ertzaintza en Bilbao, realizó una recomendación para que se elabore un protocolo de actuación policial en el ámbito de esta policía autonómica que garantice una normativa específica para toda clase de intervención policial con personas menores de edad", subrayó la oficina que dirige Ángel Gabilondo.

CIE

En 2021, el Defensor del Pueblo formuló una recomendación a la Dirección General de la Policía para que dictara una instrucción en la que se incluya un protocolo de tramitación de quejas y denuncias de malos tratos de las personas internas en los centros de extranjeros.

Asimismo, recomendó que se faciliten datos como la edad de los extranjeros que ingresan en estas instalaciones, el tiempo de permanencia y la identidad de los solicitantes de protección internacional.

En 2021 se visitaron 28 lugares de privación de larga duración: 17 centros penitenciarios, un hospital psiquiátrico penitenciario, 7 centros de menores infractores y 3 unidades dedicadas atender a personas con problemas de salud mental.

"Por lo que se refiere a las prisiones, la emergencia sanitaria provocada por la covid-19 siguió condicionando su actividad, si bien se generalizó la vacunación de las personas internadas y del personal penitenciario", señaló el Defensor.

Además, el MNP visitó por primera vez los centros penitenciarios de Algeciras (Cádiz), Huelva, Joves de Barcelona y Sevilla I. El resto fueron visitas de seguimiento (Centro Penitenciario Sevilla II, Puerto I -Cádiz-, Ávila, Segovia, Castellón I, Menorca, Brians I -Barcelona-, Albolote -Granada- y León). Asimismo, se realizaron actuaciones no presenciales en los centros Madrid II, III, V, VI, VII y Castellón II.

"La institución Defensor del Pueblo considera necesario seguir avanzado en la reducción de la aplicación de medios coercitivos mediante el uso de medidas alternativas", subrayó el informe.

SALUD MENTAL

En lo que se refiere a la salud mental y prevención de suicidios, ha detectado "avances" en los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pero "en los centros penitenciarios de Cataluña hay márgenes de mejora". En cuanto a la asistencia sanitaria de las prisiones, se detectan "deficiencias" en las condiciones en que desarrolla su trabajo el personal sanitario y persiste la escasez de psiquiatras y psicólogos clínicos.

En 2021 el MNP visitó cinco centros de internamiento de menores infractores (CIMI): El Molino (Almería), el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial de Zaragoza, el Centro Educativo Arratia (Bizkaia), el CIMI Teresa de Calcuta (Madrid) y el CIMI Ciudad de Melilla.

La pandemia provocada por la covid-19 ha tenido un efecto específico en la salud mental. En 2021 el MNP realizó dos visitas a establecimientos en los que se atiende a personas con problemas de salud mental: el Sanatorio Esquerdo (Madrid) y el Hospital Psiquiátrico de Conxo (Santiago de Compostela).

"El MNP ha llamado la atención sobre la escasez de profesionales de psicología en los centros visitados y el exceso de medicación de algunos pacientes y la necesidad general de mejorar la atención médica de los internos", subrayó.

Finalmente, la institución subrayó que ha puesto en marcha dos programas para focalizar la prevención de la discriminación de la situación de determinadas personas privadas de libertad. Así, en 2018 inició uno dirigido a prevenir la discriminación por género en centros penitenciarios, y en 2021 se ha ampliado a centros de menores y de salud mental. Además, en 2022 se ha iniciado un nuevo proyecto para analizar el trato dispensado a las personas internas con discapacidad intelectual.

Por otra parte, en 2021 el MNP supervisó seis operativos de repatriación de extranjeros en los que se monitorizó la repatriación de 306 personas.