Según ha comunicado la oficina del Defensor, esta solicitud se enmarca en el estudio que está desarrollando por cuenta propia y a petición de diversas ONG y defensores nacionales.

En noviembre de 2003, el Defensor del Pueblo Europeo emprendió una encuesta sobre las medidas emprendidas por la Comisión destinadas a asegurar que las personas con algún tipo de discapacidad no sean discriminadas en sus relaciones con las instituciones europeas.

Una vez que la Comisión remitió sus respuestas (políticas en desarrollo y desarrolladas, promoción de la igualdad de oportunidades, etc), el Defensor invitó al público a participar en el estudio con sus opiniones sobre los datos obtenidos.

Ahora, se ha constatado la existencia de numerosas dudas sobre la integración de los discapacitados, pero la mayoría están relacionadas con la propia Comisión.

El Defensor cita algunos ejemplos de ello, como hasta qué punto es aceptada la candidatura de una persona con discapacidad; medidas concretas para facilitar el acceso de discapacitados a los edificios de la Comisión; cómo optimizar el acceso a la información, páginas web y documentos de la UE; o si la Comisión forma a su personal para la atención de los discapacitados.

La Comisión Europea tiene de plazo hasta el 31 de enero de 2006, para contestar a todas las cuestiones remitidas por la oficina del Defensor del Pueblo Europeo relativas a la contratación de discapacitados, la accesibilidad de sus edificios y su política de información.