Durante su comparecencia parlamentaria en el Congreso de los Diputados, tanto el senador del PSC Josep María Batllé como la diputada de CiU Monserrat Surroca i Comas recriminaron a Múgica que en su día presentara un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto de Cataluña, del mismo modo que hizo el Partido Popular.

Batllé y Surroca i Comas llegaron a pedir al Defensor del Pueblo que retire el recurso planteado contra el estatuto, ya que el Constitucional todavía no ha dictado sentencia. No obstante, podría finalizar su deliberación en pocas semanas.

El diputado socialista Miguel Heredia también cuestionó la oportunidad política del Defensor del Pueblo, afiliado al PSOE y ministro de Justicia durante los gobiernos de Felipe González, para recurrir el nuevo Estatuto de Cataluña.

Ante las críticas recibidas, Múgica recordó que el Tribunal Constitucional está próximo a pronunciarse sobre este recurso y dio a entender que con el fallo se entenderá su postura. "A la sentencia del Constitucional me remito", dijo.

COMPETENCIAS SOLAPADAS

El Defensor del Pueblo recordó, además, que una parte de ese recurso se refiere a los artículos del Estatut que otorga al Sindic de Greuges la exclusividad de la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos de Cataluña en todas sus relaciones con la Generalitat y sus organismos.

En este sentido, aclaró que, a día de hoy, e independientemente del recurso, la colaboración entre ambas defensorías es buena y que no hay problema alguno en cuanto a competencias para atender las quejas de los ciudadanos en Cataluña.

Así, Múgica recalcó que hay reclamaciones de cidudadanos que la institución del Defensor del Pueblo deriva al Sindic de Greuges y quejas que éste le remite a él

Por otro lado, el Defensor del Pueblo destacó que la institución que preside realiza cada 15 días inspecciones por sorpresa en las cárceles españolas para cumplir con el protocolo firmado por España contra la tortura en las cárceles.

Múgica hizo esta afirmación al diputado del PNV Emilio Olabarría que denunció casos de malos tratos en prisiones españoles por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Defensor del Pueblo subrayó que de los 170.000 funcionarios de los distintos cuerpos policiales, sólo 25 han sido condenados por malos tratos a reclusos.