El recurso presentado al Tribunal Constitucional señala que elartículo 19.1 de la LOTARD permite la cesión de datos personales entre las diferentes administraciones, sin el conocimiento de los afectados.

A juicio del Defensor del Pueblo, tales cesiones deberían estar previstas por la Ley o, al menos, tendría que incluir los requisitos, límites y condiciones necesarios para poder realizar la cesión.

El recurso asegura que el artículo es inconstituional, al no recoger dichos preceptos y no respetar la reseva de ley prevista en el artículo 53.1 de la Constitucón, que exige que la regulación del ejercicio de los derechos se haga necesariamente por una norma con rango de Ley y no mediante reglamentos.

El segundo artículo recurrido por el Defensor del Pueblo, el 22.1, suprime en determinadas circunstancias el derecho de los ciudadanos a ser informados en el momento de la recogida de los datos.

En concreto, los supuestos inconstitucionales son los que se entiende que la información puede "dificultar el cumplimiento de funciones de verificación y control d las administraciones públicas, o la "persecución de infracciones administrativas".

Según el recurso, estas excepciones al derecho a la intimidad no están previstas ni admitidas por los tratados y convenios internacionales, ni tampoco están previstas en la Constitución.

El recurso aplica un razonamiento similar al punto segundo del artículo 22, ya que niega a los ciudadanos el derecho de acceder, rectificar y cancelar sus propios datos personales cuando puedan ser contrarios al interés público alos intereses legítimos de otras personas.