Gil-Robles, que compareció ante la Comisión Mixta Congreso-Senado, dedicó un sentido recuerdo a la memoria del primer Síndic de Greuges catalán, Frederic Rahola, que falleció ayer, lunes.

El comisionado parlamentario resaltó que en la actualidad sólo hay cuatro comunidades autónomas con una legislación completa en esa materia.

También reconoció que, como no es rentable políticamente invertir en servicios para esas personas, la falta de presupuestos adecuados es el problema de fondo; una circunstancia que se ve agravada por la falta de coordinación entre las administraciones para traspasarse la gestión de los centros.

En la actualidad, la Seguridad Social atiende a todos los enfemos psíquicos puntualmente, en los casos agudos, pero no costea el internamiento de estas personas cuando se convierten en enfermos crónicos y no pueden estar en su casa.

Para que se puedan cerrar los grandes hospitales psiquiátricos es preciso tener una red alternativa de servicios que hoy día aún está poco desarrollada, indicó Gil-Robles, quien añadió que en caso contrario, esos enfermos terminan vagando por las calles sin ser aceptados por sus familiares.

Pero mientras tanto se alcanzan esos ojetivos, el Defensor del Pueblo pidió que "no se dejen caer y abandonar a estos centros".

Otra de las actuaciones que impulsa la institución es que los hospitales psiquiátricos revisen los internamientos ordenados hace más de 10 años, porque se han detectado circunstancias personales injustas, como un interno que desde 1962 nunca había visto revisada su causa.

Tras agradecer al Ministerio de Justicia la introducción de todas las garantías que pedía sobre los internamientos penales y penitenciario de personas enfermas mentales en el proyecto de Código Penal, señaló que, sin embargo, habría que modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En su opinión, con ello, se evitarían situaciones que se dan hoy en día, como "internamientos 'sine die' por autos de archivo o sobreseimiento libre", recordó.

Es preciso, según Alvaro Gil-Robles, "que no se pueda tomar ninguna medida de internamiento de una persona sin que termine el proceso por sentencia", y también que, "en ningún caso, se produzca ninún internamiento sin un procedimiento contradictorio y sin escuchar al sujeto que va a ser objeto de la medida, lo cual se está produciendo también en este momento", manifestó.

Finalmente, afirmó que, asimismo, resulta necesario cambiar la situación penitenciaria para que mientras una de esas personas esté cumpliendo una pena, haya un control judicial.