Alvarez de Miranda, que hoy presentó al presidente del Congreso, Félix Pons, la Memoria del Defensor del Pueblo correspondiente a 1994, anunció que para conseguir tal fin emprenderá reformasen la estructura orgánica de su departamento, para conseguir una mayor agilidad en la tramitación de las quejas y un tratamiento más personal e individualizado de las reclamaciones.

Asimismo, expresó su deseo de tomar contacto directo con las situaciones sociales "más dolorosas", con el fin de solicitar a la Administración respuestas más satisfactorias para sus demandas.

Otro proyecto que estudia el defensor del Pueblo es el de presentar informes extraordinarios al Parlamento para dar cuenta de ls principales anomalías en la actuación de la Administración, en aquellos casos en los que se detecten problemas específicos que merezcan una consideración especial por parte de la institución.

Alvarez de Miranda puso de relieve que el nivel de colaboración de la Administración con la institución que él preside es aceptable, al tiempo que señaló que la sociedad española presenta en la actualidad una situación sana, "aunque con algunos defectos o lesiones que entre todos debemos curar", indicó.

A o largo de 1994, el Defensor del Pueblo recibió un total de 18.594 quejas, 3.778 reclamaciones menos que el año precedente, que en su mayoría fueron presentadas por ciudadanos con un nivel de estudios superiores.

La memoria señala que el acceso al Defensor del Pueblo es menor cuanto más bajo es el nivel cultural, laboral y económico. En este sentido, destaca el caso de las reclamaciones efectuadas por funcionarios públicos, que suponen algo más del 50 por ciento de las presentadas en el área de la funión pública.

MALOS TRATOS

Por lo que se refiere a los motivos de las quejas, durante 1994 aumentaron las relativas a malos tratos de las fuerzas de seguridad, policías municipales y autonómicos, así como las de empresas de seguridad.

El Defensor del Pueblo también tramitó protestas por tratos xenófobos o racistas que, en opinión de Alvarez de Miranda, reflejan la desconfianza de la sociedad hacia determinadaos grupos o razas, y que demandan una acción educativa para evitar su proliferación.

El retraso en la administración de justicia, las listas de espera en los hospitales y las quejas por la vivienda, que no han sido paliadas por la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), continuaron motivando la protesta generalizada de los ciudadanos durante 1994.

La proporción entre quejas admitidas a trámite y quejas no admitidas fue del 52 por ciento y del 48 por ciento, respectivamente. La institución practicó 91 actuaciones de oficio y llevó a cabo 90 recomendaciones, 194 sugerencias y 46 recrdatorios de deberes legales o advertencias.

Las comunidades autónomas que mayor número de reclamaciones presentaron fueron, por este orden, Madrid (5.735), Andalucía (1.779), Aragón (1.611) y Castilla y León (1.606).

El 25 por ciento del total de las quejas fueron formuladas por personas menores de 35 años; el 50 por ciento, por personas con edades entre 35 y 60 años, y el 25 por ciento restante, por mayores e 60 años. La edad media del demandante se sitúa en los 47 años.