Este informe parte de la consideración del ruido excesivo como una agresión continuada a la calidad de vida y al derecho a vivir en un ambiente adecuado que proclama el artículo 45 de la Constitución y que debe no sólo corregirse, sino prevenirse.

El documento se estructura en dos bloques centrales: la Administración como titular de actividades ruidosas (infraestructuras, como carreteras y aeropuertos, y actividades ruidosas de responsabilidad pública directa, como obras y oficinas), y la Administración como supervisora de actividades ruidosas (planeamiento urbanístico, evaluación de impacto acústico y control de actividades).

El informe recoge sugerencias y recomendaciones del Defensor del Pueblo que tratan de persuadir a las administraciones públicas de la importancia del bienestar y del pleno ejercicio de las libertades ciudadanas en una sociedad avanzada.