Así se recoge en el informe anual del Defensor del Pueblo, documento que ha sido presentado este viernes en el Congreso de los Diputados, donde esta institución defiende que la descalificación de las viviendas y su venta deben estar condicionadas por el cumplimiento de los fines al servicio del bien común.

“Estas viviendas fueron construidas para cumplir un fin público y están destinadas a ser el hogar de personas con escasos recursos económicos, no para que pueda extraerse un beneficio económico a través de prácticas que atentan contra esa referida finalidad social”, añade.

De hecho, apunta que si las circunstancias personales y familiares de los beneficiarios mejoran lo suficiente para poder adquirir la vivienda, o para no necesitarla, lo razonable es que la vivienda sea reasignada a otro solicitante que reúna los requisitos, y no su descalificación para venta.

En esta línea, considera necesario un mayor control de las ya adjudicadas, con el fin de comprobar que sus adjudicatarios siguen cumpliendo los requisitos y condiciones que motivaron su adjudicación. En caso contrario, sostiene que dicha vivienda pueda ser adjudicada a otra familia con mayor necesidad.

Sobre esta materia, el Proyecto de Ley por el Derecho al Acceso a la Vivienda, que actualmente tramita el Congreso, prohíbe vender vivienda pública en, al menos, 30 años. En caso de hacerlo, se deberá justificar dicha venta y devolver todas las concesiones públicas recibidas.

En cuanto a la poca dotación de vivienda pública en España, denuncia que “el parque es tan exiguo que, no solo no puede dar respuesta a las situaciones de necesidad merecedoras de protección, sino que tampoco puede atender adecuadamente, con la inmediatez debida, las situaciones repentinas de urgencia social que se presentan”.

Según los datos del Boletín Especial Vivienda Social, publicado en septiembre de 2020 por el Observatorio de Vivienda y Suelo, el porcentaje de vivienda protegida construida en España, sobre el total de viviendas libres, ha disminuido con el paso de los años.

En concreto, la vivienda social constituye menos del 3 % del parque total de la vivienda. Apenas llega a las 290.000 viviendas en el conjunto de España, lo cual contrasta con los parques de vivienda pública existentes en otros países europeos, como el 30 % en los Países Bajos, el 24 % en Austria, el 17,6 % en Reino Unido o el 16,8 % en Francia.

“A la escasez de viviendas públicas se añade que los procesos de adjudicación de vivienda se han centrado, desde hace mucho tiempo, en una estrategia basada en el acceso a la propiedad”, advierte el Defensor, que pide cambiar esta tendencia si se pretende disponer de parques de vivienda con capacidad suficiente para resolver las necesidades que presente la población, especialmente los más urgentes.

“La presencia de vivienda pública protegida en régimen de alquiler habría de ser la predominante. Esta institución comprende que revertir esta situación no es tarea sencilla y que no se puede ejecutar con la celeridad deseada, pero el objetivo no debiera perderse de vista”, concluye.