Alvarez de Miranda, que compareció en la Cámara Baja para dar cuenta del informe de 1997, insistió en la necesidad de modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a fin de adecuar el modelo policial al propio modelo de Estado.

Además, sugirió que no se abunde en querellas competenciales que dificultan la óptia utilización de los recursos disponibles y "en resumen", dijo, "potenciar la función de la policía como un servicio público esencial para la pacífica convivencia de la sociedad española".

También comentó que el pasado año puso particular celo en investigar denuncias sobre malos tratos o excesos en las actuaciones de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo denunció el aumento de la violencia doméstica contra las mujeres y comentó que ya ha finalizao el informe monográfico que le encargó el Congreso sobre esta cuestión y que próximamente presentará en esta Cámara.

Adelantó que ese informe recoge una serie de recomendaciones dirigidas a las distintas administraciones públicas relativas a aspectos jurídicos, sociales, de educación y de acceso a viviendas protegidas.

18.138 QUEJAS

Alvarez de Miranda informó a los diputados de que en 1997 su institución recibió un total de 18.017 quejas, que junto a las 121 investigaciones de oficio, suman untotal de 18.138. Añadió que de las reclamaciones recibidas 11.882 fueron individuales y el resto, 6.256, colectivas o quejas idénticas presentadas en este caso por 20 grupos.

También resaltó que en 1997 se formularon un total de 112 recomendaciones, de las que, a 31 de mayo de este año, han sido aceptadas 67, rechazadas 24 y otras 21 están en tramitación.

En este sentido, el Defensor del Pueblo constató que diversos Parlamentos autonómicos han asumido las recomendaciones sobre eliminación de barrras arquitectónicas que les hizo llegar el informe extraordinario sobre atención residencial a personas con discapacidad.

Alvarez de Miranda comenzó su intervención ante el pleno ofreciendo datos de una encuenta sobre el conocimiento que tienen los españoles sobre derechos fundamentales y afirmó que un 36 por ciento de los entrevistados aseguran conocer bien o muy bien los citados derechos.

Además, señaló que las conclusiones de la encuesta evidencian que los ciudadanos estiman suficientemente gaantizados el derecho a la educación (67%), la protección de la familia (53%) y la protección a la tercera edad (44%). Sin embargo, con cierta frecuencia, (uno de cada cinco españoles) los ciudadanos dicen haber experimentado la vulneración de algunos de sus derechos.

El Defensor del Pueblo también comentó los temas monográficos que recoge su informe relativos a la protección a la infancia, brotes de xenofobia, supresión de minas antipersonas, retrasos en la justicia y violencia doméstica.

Otros auntos expuestos por Alvarez de Miranda ante los diputados fueron el déficit de plazas escolares en Educación Infantil, la necesidad de dar mayor protección a las familias numerosas, el aumento de los accidentes laborales, una mayor protección del medio ambiente, y la necesidad de la despenalización de la insumisión y de reformar la Ley de Extranjería.