En el informe se sugiere a Sanidad que arbitre alguna mdida para solucionar las distorsiones creadas por esta normativa, bien sea por la modificación del margen fijo por uno porcentual o mediante la exclusión de este tipo de medicamentos a la hora del descuento o mediante cualquier otro sistema "que dé como resultado que los ciudadanos reciban un mejor servicio sin que tenga que ser necesariamente a cargo de los profesionales de las oficinas de farmacia", añade.

La investigación abierta por la Oficina del Defensor, tras la denuncia realizada por el Colegi de Farmacéuticos de Madrid, concluye que esta normativa provoca discriminación entre las farmacias, tiene un efecto confiscatorio, está produciendo desabastecimiento en algunas farmacias, y hace pagar impuestos dos veces a estos establecimientos.

En un primer informe, el Defensor rechazó la petición del colegio de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto, aunque les recomendó que si la norma producía alguna situación irregular, éste organismo podría dirigirse de nuevo a la nstitución para solicitar la apertura de una investigación.

El pasado 11 de noviembre, el colegio remitó un nuevo escrito, que desencadenó la apertura del informe del Defensor y la petición de un informe a la Dirección General de Farmacia del Ministerio de Sanidad y Consumo.

El colegio argumentaba que la aplicación del decreto provocaba que la dispensación de determinados medicamentos, lejos de implicar un beneficio, suponen una pérdida económica real para las farmacias.