En la misiva, Múgica muestra su preocupación por las "cada vez más frecuentes y numerosas quejas" en las que se pone de manifiesto la "nula efectividad" de la opción lingüística de quienes desean recibir eneñanzas oficiales en castellano, especialmente en Cataluña, Baleares o Galicia.

Esta institución percibe una "progresiva minoración" de las libertades y derechos lingüísticos de quienes optan por el uso del castellano en el ámbito educativo.

"Queda así en entredicho el ejercicio del derecho a usar esta lengua que a todos reconoce el artículo 3 de la Constitución, el cual también proclama, no debe olvidarse, el deber de todos a conocerla", subraya Múgica.

En el caso concreto de Cataluña, los impresos oficiales de preinscripción "ni siquiera" informan a padres y alumnos de los "limitados" derechos lingüísticos que les corresponden en el sistema educativo de dicha comunidad autónoma.

"Y eso a pesar de que diversas sentencias del Tribunal Supremo recuerdan a la Administración autonómica su deber de informar a los padres y alumnos de su derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua natal", concluye Múgica.