"La recomendación más destacada de este informe", explicó Alvarez de Miranda, "es la petición de una legislación para el grupo de discapacitados psíquicos, en canto a su ingreso y tratamientos que se ofrecen en los centros residenciales".

Para la realización del informe sobre "La Atención Residencial a Personas con Discapacidad y Otros Aspectos Conexos" se han visitado un total de 39 centros de diversa índole a fin de estudiar las condiciones materiales, el funcionamiento de los establecimientos y, en especial, el respeto a los derechos de los residentes.

A juicio del Defensor del Pueblo, "las actuaciones realizadas en el marco de este estudio han permiido constatar que, a pesar de que las condiciones materiales de los centros en que son atendidas las personas con discapacidad son satisfactorias, sin embargo, los derechos de los residentes en centros de atención a personas con deficiencia mental, distan de estar en muchos casos, suficientemente garantizados".

"Esto es debido, entre otras circunstancias", señaló Alvarez de Miranda, "a la ausencia de una regulación legal sobre el régimen de los centros de internamiento de estas personas, en aquellos apectos que pueden implicar la restricción o la privación de la libertad personal o de otros derechos fundamentales, cuando ello es necesario para proteger la vida, la integridad física o la salud de las personas ingresadas".

En el informe ha podido comprobarse que el ingreso en los centros de atención a personas con deficiencia mental no se realiza, salvo excepciones, conforme a lo establecido en el Código Civil, al no solicitarse la autorización judicial caundo el interesado no está en condiciones deprestar el consentimiento por sí mismo.

Para la realización de este estudio se han visitado también 29 oficinas de empleo, con el objeto de conocer las actuaciones que se desarrollan en favor de los trabajadores minusválidos, así como 20 ayuntamientos, para obtener datos acerca de las medidas para la eliminación de las barreras arquitectónicas, del transporte y la comunicación.

REGISTRO DE EMPLEO

En cuanto a las oficinas de emploe, Alvarez de Miranda destacó que, pese a que estas oficinas cuentn con un registro de trabajadores minusválidos demandantes de empleo, éste no es operativo.

Respecto a las actuaciones que llevan a cabo los ayuntamientos en materia de eliminación de barreras arquitectóncias, la situación es bastante dispar, al igual que respecto al transporte adaptado.

En el capítulo dedicado a los menores con discapacidad tutelados o bajo la guardia y custodia de la administración (un total de 1.568), Alvarez de Miranda señaló que, "pese a que las administraciones públicas estn llevando a cabo programas para procurar una familia a estos menores, ya sea en régimen de acogimiento o de adopción, lo cierto es que la mayoría de los mismos continúa aún siendo atendidos en centros.

"Esta situación", concluyó el Defensor del Pueblo, "nos lleva a pedir a la Administración programas que incrementen la sensibilidad de la sociedad hacia estas personas, como la campaña de adopción de niños con necesidades especiales puesta en marcha por Mensajeros de la Paz, y gracias a la cual 100 niñs discpacitados consiguieron un hogar".