Alvarez de Miranda recoge esta recomendación en el informe anual de 1998, tras señalar que en los últimos años ha recibido un número significativo de quejas relativas a la pretensión de ingresar en un centro residencial por parte de personas de este colectivo.

El informe señala que, aunque durante 1998 "ha sido posible constatar la solución favorable de algunas situaciones y se han puesto en marca nuevos equipamientos, como es el caso de dos centros ocupacionales en Valencia, resulta conveniente insistir en la necesidad de contar con un número superior de plazas para estas finalidades".

El Defensor del Pueblo explica que este problema se acentúa cuando la persona que solicita la atención residencial manifiesta, además, problemas psiquiátricos o alteraciones de comportamiento.

A juicio de Alvarez de Miranda, para la atención a estos casos es imprescindible la articulación de fórmulas de cordinación entre la atención social y la sanitaria, que permitan avanzar hacia la constitución de un espacio sociosanitario, "el cual resulta imprescindible para dar una cobertura adecuada a las necesidades de estos ciudadanos".