Alvarez de Miranda recoge esta recomendación en el informe anual de 1997, tras señalar que el pasado año recibió un número significativo de quejas relativas a la pretensión de ingresar en un centro residencial por parte de personas discapacitadas.

El informe, al que ha tenido acceso Servimedia, indica que la recepción de estas quejas "hace aconsejable un mayor número de plazas, ya sea en centros propios o a través de establecimientos concertados con entidade de carácter privado".

El Defensor del Pueblo explica que este problema se acentúa cuando la persona que solicita la atención residencial manifesta además problemas psiquiátricos o alteraciones de comportamiento.

A juicio de Alvarez de Miranda, para la atención a estos casos es imprescindible la articulación de fórmulas de coordinación entre la atención social y la sanitaria, que permitieran avanzar hacia la constitución de un espacio sociosanitario, "el cual resulta imprescindible para dar una cbertura adecuada a las necesidades de estos ciudadanos".

APARCAMIENTOS

Por otro lado, el informe de la Oficina del Defensor del Pueblo también recoge, como en años anteriores, diversas quejas relacionadas con los estacionamientos de los vehículos utilizados por personas con discapacidad física.

En unos casos se denunciaba que no podían aparcarlos en los lugares expresamente reservados para ellos porque los encontraban ocupados por otros vehículos, cuyos conductores carecían de la correspondient autorización.

Otras personas discapacitadas exponían que habían sido sancionadas por ayuntamientos que no reconocían como válidas las autorizaciones expedidas por los alcaldes de sus municipios de residencia que acreditaban su condición de discapacitados.

Ante estas reclamaciones, Alvarez de Miranda se muestra confiado en que los ayuntamientos sancionen a quienes sin tener la correspondiente autorización estacionan sus vehículos en las zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos, e inclso los retiren con la grúa municipal.

En cuanto al no reconocimiento por los ayuntamientos de las acreditaciones de la condición de minusválido y las autorizaciones de estacionamiento, esta institución recuerda que ha solicitado al Gobierno que elabore una norma de ámbito nacional por la que se cree una tarjeta normalizada que posibilite a los conductores con movilidad reducida hacer uso de las facilidades que cada municipio tiene establecidas para ellos.