Alvarez de Miranda, que presentó en el Congreso su informe anual, afirmó que "la eficacia de la institución en la defensa de los derechos fundamentales depende en gran medida de los medios materiales de que pueda disponese".

Al respecto, recordó que la Comisión Mixta Congreso-Senado le ha encargado la realización de estudios e investigaciones sobre los malos tratos a mujeres y las relaciones entre droga y delincuencia y su repercusión en las calles, entre otros.

A reglón seguido, Alvarez de Miranda insistió en que "para poder atender debidamente estos problemas sería preciso considerar que el incremento en las dotaciones presupuestarias que ha sido asignado para el próximo año a nuestra institución, difícilmentenos permitirá llevar a cabo las investigaciones que se nos proponen".

También recordó la moción por la que se insta al Gobierno a que dé respuesta a los informes anuales del Defensor del Pueblo en un plazo de tres meses desde que sean presentados en la Cámara, "porque importa no olvidar que las recomendaciones y el contenido de los informes muchas veces no son atendidos desde la propia Administración".

25.875 QUEJAS

Alvarez de Miranda señaló que las 25.875 quejas recibidas en 1996 han sido bastnte más numerosas que las del año precedente, "a pesar de que el ideal consistiría en que su número fuese disminuyendo, como síntoma de que la Administración mejoraba en su trato al ciudadano y corregía sus viejos y más obstinados errores". Añadió que se han tramitado 24.862 quejas, es decir, el 96,8 por ciento de las recibidas.

El Defensor del Pueblo explicó que las reclamaciones más numerosas han sido las relativas a la vivienda, situación penitenciaria, falta de recursos en la enseñanza, salud públca, problemas relacionados con la tercera edad o las minusvalías, el paro y las deficiencias en la gestión de algunos servicios públicos.

En cuanto a la situación de la infancia en España, Alvarez de Miranda denunció "el retraso en la entrada en vigor de la norma relativa a la responsabilidad criminal de los menores de 18 años". "Asunto prioritario", dijo, "que ha venido constituyendo una petición constante del Defensor desde el año 1991".

También destacó sus recomendaciones al Ministerio de Justcia en torno a la explotación sexual de los menores sobre tres aspectos del Código Penal: la dificultad para encontrar un tipo penal en el que se sancione la difusión de pornografía infantil desde el extranjero; la diferente pena que castiga la corrupción de menores en el anterior Código Penal y en el texto vigente, y las dificultades en algunas audiencias provinciales para sancionar conductas que afectan a menores, debido a la reducción de los plazos de prescripción.

Finalmente, Alvarez de Miranda afrmó que como conclusión del informe se desprende que se han producido irregularidades en la actuación ordinaria de las administraciones públicas y también ha habido infracciones puntuales contra algunos de los derechos consagrados en nuestra Constitución.