Durante la presentación en el Congreso de los Diputados del informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2008, Múgica aludió a "las consecuencias muy negativas, a veces trágicas, derivadas de la incapacidad de algunos órganos judiciales para asumir en condiciones adecuadas la carga de trabajo que se les presenta".

Por ello, afirmó que "la reforma y modernización de la organización administrativa de la Justicia es una tarea de los poderes públicos que no admite más demora".

Múgica destacó que "el funcionamiento anormal" de la justicia sobresale en el orden jurisdiccional penal, con "exceso de carga de trabajo, la falta de medios materiales, la escasez de personal, la excesiva movilidad de la plantilla de funcionarios y la deficiente formación experiencia profesional del personal interino, la falta de instrumentos informáticos adecuados y la inexistencia de una herramienta informática que conecte las bases de datos de las fiscalías y los juzgados".

Por otro lado, señaló que el año pasado recibió un total de 23.899 quejas, un 38% más que en 2007, y admitió más del 53% de las reclamaciones recibidas.

El Defensor del Pueblo informó de que la población reclusa se incrementó en un 9,67% y mostró su preocupación por la "progresión creciente" de suicidios en las cárceles y por la emisión de certificados de discapacidad a los internos con minusvalía.

Además, destacó el mayor número de quejas por los malos tratos atribuidos a policías locales y vigilantes privados de seguridad y aludió a "anomalías" en algunos centros de detención de extranjeros en Canarias.

Múgica también se citó como motivos de preocupación la falta de plazas educativas para niños de hasta tres años, la diferencia "cada vez más notable" de prestaciones sanitarias entre las comunidades autónomas, la "notoria lentitud" en la aplicación de la ley de dependencia y el "estremecedor incremento del número de desempleados" por la crisis económica.

QUEJAS AUTONÓMICAS

Por otro lado, CiU, PNV y Entesa Catalana de Progres recomendaron al Defensor del Pueblo que se centre en las quejas sobre la Administración General del Estado y deje las reclamaciones autonómicas a las instituciones homólogas en las regiones.

Así lo manifestaron los portavoces de CiU, Montserrat Surroca; del PNV, Emilio Olabarría, y de Entesa Catalana de Progres, Josep Maria Batlle.

"Algunos ciudadanos acuden a usted y otros al Ararteko (el Defensor del Pueblo vasco) y no me consta que existan órganos de coordinación", comentó Olabarría.