El otro candidato, José Antonio Martín Pallín, propuesto por los populares, no consiguió la mayoría necesaria para su designación al recibir 23 sufragios negativos, 14 a favor y dos votos en blanco.

Balbino Badós, representante del PP en la comisión, solicitó al presidente de la misma, el socialista Alfonso Lazó, que el acta de la sesión recogiera la protesta de su grupo por entender que, de acuerdo cn la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, los dos candidatos presentados deberían haber sido propuestos al pleno de ambas Cámaras.

El portavoz popular dejó abierta la posibilidad de que el PP impugne los resultados de la votación, acogiéndose al artículo 2 de la citada ley orgánica, que dice expresamente que "el candidato o los candidatos" se propondrán a los plenos de las Cámaras. "Por lo tanto", precisó, "está clarísimo que será un candidato, dos, tres, cuatro u ocho".

En declaraciones posterires a los periodistas, Badós negó que su grupo haya incurrido en contradicciones al proponer a un candidato progresista para obstaculizar la renovación del defensor del Pueblo.

Antes de la votación, que fue secreta a petición del PP, los representantes de cada grupo emplearon un turno de palabra para defender a sus candidatos y destacar sus cualidades.

DEMOCRATA E INDEPENDIENTE

Francisco Valls, del PSOE, puso de relieve que para acabar con la situación de interinidad de la institución todos losgrupos políticos habían llegado a un consenso para designar a Jiménez de Parga, quien, en su opinión, reúne el perfil adecuado, por ser un "auténtico demócrata, un independiente y un destacado jurista".

Igualmente, acusó al PP de "obstaculizar, retrasar e impedir" que se cubra la vacante del defensor del Pueblo al presentar a un candidato -Martín Pallín- sin consultarlo con el resto de los grupos.

En opinión de Valls, los populares serán los únicos responsables de que no se cubra la vacante "y deque la sociedad española nos pida una solución que no podemos dar", en alusión a la mayoría parlamentaria de tres quintos necesaria para ratificar al candidato.

Según la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, en un plazo no inferior a diez días, el pleno del Congreso debería elegir por mayoría de tres quintos al candidato. A partir de esa fecha, el Senado tendrá que ratificarlo en el plazo máximo de veinte días por una idéntica mayoría.

Como la oposición del PP impide que haya una mayoría cualificda, tendrá que ser convocada una nueva sesión de la comsión mixta en el plazo máximo de un mes, en la que deberán formularse sucesivas propuestas hasta conseguir que una de ellas salga adelante con el respaldo de los tres quintos en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.