La institución abrirá, por tanto, una queja de ficio ante el director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, para que le informe "al detalle" sobre la situación y funcionamiento del citado archivo histórico.

En una nota de prensa, la Oficina dirigida por Múgica señala que los investigadores que han tenido que desplazarse desde su domicilio habitual, son los más perjudicados por los impedimentos que plantean las obras de restauración puesto que, normalmente están dotados con medios económicos limitados.

También los becarios investigadores, ue disponen de plazos limitados de ejecución y recursos aún más limitados para conseguir la continuidad de sus actividades académicas, se están viendo perjudicados.

Entiende el Defensor del Pueblo que, de confirmarse estas informaciones,la Administración estaría incumpliendo el principio constitucional de eficacia proclamado en el artículo 103.1 de la Constitución, ocasionando perjuicios a particulares y menoscabando la imagen pública del Archivo que demuestra ser "incapaz de ofrecer la debida contiuidad en la prestación de sus servicios".