De esta forma, Rovira atiende la petición realizada por CCOO y varias organizaciones ecologistas para que abra una investigación sobre la situación de inseguridad y falta de vigilancia y control de las presas españolas. Además, el Defensor del Pueblo ha remitido a CCOO un escrito en el que reconoce la pertinencia de esta queja que en su día le expusieron tanto esta central sindical como Greenpeace, Ecologistas en Acción y la Coordinadora de Afectados por los Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET).

CCOO recuerda que estas organizaciones remitieron un informe a Rovira, en el que le instaban a que abriera una investigación para analizar la situación del las presas en nuestro país y a que promoviera una auditoria ténica independiente de las grandes presas españolas.

Asimismo, le solicitaron que analizará "los casos de los embalses de Santaliestra, Yesa e Itoliz, de los que temenos constancia de informes técnicos que cuestionan seriamente la seguridad en dichas construcciones".

Tras recibir este informe, el Defensor del Pueblo se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente para que le informen sobre los casos denunciados.

Según CCOO, "la insostenible situació en la que se encuentra la vigilancia, seguridad y control de las presas hace que sea ineludible una actuación por parte del ministerio para acabar con esta situación de indefensión que amenaza no sólo los ecosistemas en los que se encuentran las más de 1.300 grandes presas españolas, sino también las poblaciones que las rodean".