Según informó hoy el organismo que dirige Enrique Múgica, "la renovación de las infraestructuras en los centros penitenciarios ordinarios no ha supuesto una mejora paralela en los hospitales psiquiátricos penitenciarios y se puede afirmar que las condiciones de vida puramente materiales de los reclusos enfermos psiquiátricos no son equiparables a las del resto de los reclusos del sistema penitenciario español".

El Defensor del Pueblo considera que la falta de recursos económicos puede impedir que "enfermos capacitados para aprovechar las actuales salidas terapéuticas dejen de beneficiarse de ellas, sobre todo por no atender al oportuno refuerzo de plantillas".

También destaca "la necesidad de disponer de suficientes recursos terapéutico-asistenciales en el momento de la puesta en libertad, tras el cumplimiento de la medida de seguridad judicialmente acordada, asegurando así el debido tratamiento de los pacientes que lo precisen, lo que dificulta sobremanera la necesaria integración social de un apreciable número de enfermos que han pasado por los psiquiátricos penitenciarios".