La memoria, a la que ha tenido acceso Servimedia, destaca la ausencia de una regulación que garantice suficientemente los derechos fundamentales de los usuarios.

Según consta en el documento, las visitas realizadas a los centros en que son atendids, en régimen de internamiento, las personas con discapacidad y, de modo específico, las afectadas por deficiencia mental, han puesto de manifiesto que, en determinados casos, se desconocen los derechos fundamentales de estas personas.

El Defensor del Pueblo señala que en la mayoría de los establecimientos los ingresos se producen a solicitud de los padres o tutores, sin que, en los casos en que dichas personas no pueden prestar por si mismas el consentimiento, se solicite la preceptiva autorización jdicial, tal y como establece el Código Civil.

Además, resalta que en algunos casos los padres o tutores pueden establecer restricciones en el régimen de visitas y añade que la correspondencia es leída por otras personas, sin que medie autorización previa del interesado.

Otro de los aspectos que denuncia es la existencia en la mayoría de los centros de salas de aislamiento, en algunas de las cuales se utilizan medios mecánicos de contención, sin que el uso de esos sistemas se comunique a la autoriad judicial.

Para acabar con este tipo de situaciones, el Defensor del Pueblo reclama una regulación jurídica de los centros psiquiátricos, de atención a minusválidos psíquicos y otros similares, en aquellos aspectos que puedan implicar restricciones o privaciones de la libertad personal o de otros derechos fundamentales, como son los relativos a los ingresos, las salidas, las visitas, la utilización de salas de aislamiento, el uso de medios mecánicos de contención y las comunicaciones telefónicas y pstales.