El Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación ----------------------------------------------------

SEVILLA/MADRID
SERVIMEDIA

La práctica totalidad de las 500 personas que viven en la barriada marginal sevillana de El Vacie protagonizaron, a primeras horas de latarde de hoy, fuertes enfrentamientos con las fuerzas antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), tras el entierro del joven toxicómano Antonio Rodríguez Pérez, de 28 años.

Según denunciaron anoche familiares y vecinos, este drogadicto murió el pasado lunes a consecuencia de una brutal paliza propinada por dos policías nacionales conocidos con el sobrenombre de "Pies grandes" y "El conejo".

Los manifestantes pidieron justicia, montaron barricadas con piedras, hierros y escombros y mantuveron alejados a los agentes de la Policía a pedradas.

Durante los enfrentamientos no se produjeron heridos. Los vecinos de este barrio marginal, muy próximo al recinto de la Expo 92, permanecieron más de 2 horas profiriendo gritos como "Queremos Policía, no asesinos" o "Justicia, que les metan en la cárcel y les pongan a disposición de los presos".

Los incidentes fueron precedidos por el entierro de Antonio Rodríguez en el cementerio sevillano de San Fernando. Esta ceremonia transcurrió entre la ndignación de los vecinos y de la familia. La madre del fallecido pidió entre sollozos que se hiciera justicia y exclamó: "A mi niño me lo han triturado" y "Lo he tenido en casa 4 días y estaba reventado".

Por otra parte, la Asociación Pro Derechos Humanos en Sevilla (APDH) espera el resultado de la autopsia, ya que discrepa del parte médico que fue realizado en el momento de la muerte y en el que se especificaba que ésta vino por paro cardiaco y sobredosis de heroína.

Uno de los abogados de la ADH, Pedro Márquez, aseguró que aunque la autopsia señale que la defunción se produjo, en efecto, por sobredosis, seguirán adelante con la presentación de la querella criminal, ya que existen muchos testigos de que el joven recibió esa brutal paliza. Según estos testimonios, los dos agentes lo arrastraron 200 metros esposado a un coche, lo golpearon y, posteriormente, lo abandonaron.

Algo que, según denunciaron los vecinos de la barriada, no es la primera vez que ocurre, ya que, indicaron, es frecuenteque la policía golpee y maltrate a los habitantes de esta zona sevillana, en la que viven casi 500 personas entre gitanos y payos.

BAJAS PASIONES

Por su parte, los sindicatos de policía apoyaron la investigación interna que ha ordenado abrir la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, al tiempo que abogaron por sancionar con toda contundencia a los agentes si queda demostrada la acusación de la familia del joven.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) recalcó que "los policías no son robots, tenen sentimientos y bajas pasiones". Sin embargo, apuntó que los testimonio de los vecinos "hay que cogerlos con pinzas", porque está demostrado que la actuación de la policía se juzga de forma distinta según el estamento social al que pertenecen los testigos.

Por último, reseñó que la policía debe ser la primera interesada en aclarar estos casos y que si la responsabilidad de los dos agentes queda demostrada, el reglamento disciplinario lo considera como una falta muy grave.

La Unión Federal de olicía (UFP) señaló que muchas actuaciones de los agentes están provocadas por la situación de tensión en que viven (estrés, cambios de horarios y bajos sueldos) y la falta de apoyos oficiales.

La Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU) apuntó que los dos policías deben ser expulsados del cuerpo si se comprueba que cometieron alguna irregularidad.

El régimen disciplinario de la policía establece que cuando un funcionario es sometido a un proceso penal puede ser separado del servicio durate tres años o ser expulsado.

INVESTIGACION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación de oficio para que se le informe de todas las circunstancias que hayan podido concurrir en este caso y conocer si se ha producido o no una vulneración de derechos fundamentales.

"Si fuese así, sería un hecho enormemente lamentable que podría determinar una conducta perseguible por los tribunales", declaró hoy a Radio Nacional el Defensor del Pueblo, Alvaro Gil-obles.

"Esto ya no es un pleito civil, no es un pleito de arrendamiento, es una materia que afecta a derechos fundamentales y, tanto por los derechos de la víctima como por los derechos de los propios denunciados, debe clarificarse también si se dan o no las circunstancias de la denuncia", señaló.

(SERVIMEDIA)
22 Ene 1992
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