EL DEFENSOR DEL PUEBLO EXPRESA SUS DUDAS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

MADRID
SERVIMEDIA

El defensor del Pueblo, Alvaro-Gil Robles, expresó hoy en el Congreso sus dudas sobre la constitucionalidad de los artículos del proyecto de ley de Seguridad Ciudadana relativos al regstro domiciliario sin orden judicial y al traslado a comisaría de los ciudadanos indocumentados.

Gil-Robles, que explicó en el pleno del Congreso el Informe 1990 de la Oficina del Defensor, señaló sobre el segundo aspecto que el derecho constitucional español es "clarísimo" al negar la existencia de "supuestos intermedios" entre libertad y privación de la misma.

"Si se habla de privación de libertad, ésta sólo puede venir por una resolución judicial en cumplimiento de una condena, o por detencióngubernativa, en este caso con las garantías constitucionales que lleva aparejadas", señaló.

Tras insistir en que todavía no conoce el contenido exacto del texto presentado por el Gobierno, Gil-Robles recalcó que la defensa del binomio "libertad-seguridad personal" no puede ser limitada, "porque así lo dice la Constitución".

Sobre el registro domiciliario sin autorización judicial, dijo que el artículo 18 de la Constitución proclama de manera "clara y firme" el derecho a la inviolabilidad del domiilio.

Añadió que la Carta Magna reafirma los supuestos de entrada o registro a los casos en que se cuente con el consentimiento del titular, exista una resolución judicial que lo autorice o se esté ante un supuesto de flagrante delito.

VALORACION DISPAR

Por otra parte, los sindicatos policiales mostraron anoche opiniones dispares al valorar el nuevo proyecto de ley.

El Sindicato Profesional de Policía Uniformada (SPPU) dijo que esta normativa convertirá a España en un Estado policial "simiar a Israel".

La Unión Federal de Policía (UFP) la consideró "restrictiva" y, además, "pondrá a los agentes en el borde del precipicio, entre la legalidad y la ilegalidad, al alcance de la mira telescópica del juez de turno".

Más favorables fueron las valoraciones de la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP).

ANPU consideró el proyecto de ley como "positivo", aunque expresó sus dudas sobre "la poca confianza que tienen los ciudadanos en e buen uso que harán de ella los agentes".

El SPP cree que la ley no será la "panacea", pero sí "un instrumento útil" para el trabajo diario de los agentes del orden.

(SERVIMEDIA)
13 Jun 1991
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