Mediante este acuerdo se prevé el establecimiento de un organismo específico por parte del Gobierno español que será el responsable de la traducción de las reclamaciones en catalán/valenciano, gallego o vasco.

La institución europea ha establecido que el acuerdo entrará en vigor una vez que el Gobierno español haya creado el organismo pertinente.

Con esta práctica, el Defensor del Pueblo Europeo considera que cumple con las conclusiones adoptadas por el Consejo de Ministros de la Unión Europea de junio de 2005, por las que se reconoce el derecho de los ciudadanos a emplear en el marco de sus comunicaciones con las instituciones europeas cualquiera de las lenguas cooficiales de acuerdo con lo establecido en la Constitución española.