El dirigente de la coalición insistió en que "está clarísimo que la suspensión e la entrevista de Pujol con Aznar en la víspera del plazo en el que el Defensor del Pueblo podía interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Catalán, era una presión directísima sobre Alvarez de Miranda".

Romero puso en tela de juicio a la citada Institución y argumentó que ninguno de los tres defensores del pueblo han recurrido leyes conflictivas y se han peglado a los intereses del partido que gobernaba coincidiendo con sus respectivos mandatos.

Joaquín Ruiz Jiménez no recurri la Ley antiterrorista (que luego fue declarada inconstitucional) y se plegó a las pretensiones del Gobierno de la época; Gil Robles no interpuso recurso a la "Ley Corcuera" y al final la interpusieron 50 diputados encabezados por Trillo, finalmente se declaró también inconstitucional, explicó el diputado de IU.

Y añadió, que Alvarez de Miranda siguiendo esa "tradición nefasta" de los defensores del pueblo que son "más del gobierno que del pueblo, ha visto preceptos que pueden ir contra la Constitució y no los ha recurrido".

Sin embargo, Antonio Romero se mostró confiado en que no sucederá nada grave si las recomendaciones del Defensor del Pueblo se tienen en cuenta por la Generalitat de Cataluña y por las fuerzas políticas catalanas.

El diputado de IU explicó que aunque Alvarez de Miranda abre la puerta a recursos de amparo a nivel individual contra la Ley del Catalán "no se trata de un problema individual sino un problema que afecta a un colectivo muy importante en Cataluña".

Por contr, Romero advirtió que "si no se tienen en cuenta las recomendaciones del Defensor del Pueblo estaríamos ante una indefensión de mucha gente en Cataluña y ante una actitud irreversible para los intereses de los castellano parlantes en Cataluña que el defensor del pueblo ha dejado pasar sin tomar las medidas que corresponden".