Destaca en el informe que ha comprobado que" no se ha producido algún avance, durante 2021, sobre el proceso de integración en el sistema VioGén de la información complementaria del resto de organismos públicos involucrados en la asistencia a la víctima".

También alerta de que en relación con el trámite de denuncias, “continúan llegando quejas que ponen de manifiesto las dificultades que encuentran las víctimas a la hora de declarar su situación ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En los casos tramitados, las víctimas consideran que los funcionarios de policía no les ofrecen un trato respetuoso, no creen sus testimonios, o las toman ”por locas o por mujeres despechadas".

Las víctimas también denuncian que cuando tienen hijos menores a su cargo la denuncia se divide y no sigue el mismo recorrido, lo que las lleva a un laberinto procesal que no comprenden y se quejan de que, en ocasiones, los profesionales de las oficinas de atención a las víctimas, o de los servicios sociales de emergencia, prejuzgan la veracidad de sus denuncias.

El funcionamiento de las redes autonómicas de centros de mujer, centros de atención diurna y ambulatoria y centros de emergencia sigue siendo una cuestión que preocupa al Defensor del Pueblo y recomienda que la red de emergencia sea dotada adecuadamente, con personal especializado, incluyendo al menos un psicólogo y un trabajador social.

Como en años anteriores, el Defensor del Pueblo ha recibido quejas en las que las víctimas manifiestan su situación de indefensión frente a la Administración de Justicia. No entienden los procesos judiciales, ni cómo se produce la valoración de la prueba testifical o pericial de parte que aportan para hacer valer sus argumentos (de los servicios sociales, de los colegios de los niños, de los psicólogos que los atienden) y se sienten desamparadas incluso por parte de sus propios abogados, que en algunas ocasiones no conocen bien las herramientas legales con las que cuentan para una mejor defensa de sus clientas.

En algunos casos se han detectado deficiencias en la formación en violencia de género de los abogados del turno de oficio, sobre todo en relación con temas de familia y de gestión de ayudas públicas.