Este informe parte de la consideración de la contaminación acústica, del ruido excesivo, como una gran agresión continuada a la calidad de vida, al derecho al ambiente adecuado que proclama el artículo 45 de la Constitución y que debe no sólo corregirse, sino prevenirse, informó hoy la Oficina del Defensor.

El documento se estructura en dos bloques centrales: la administración como titular de actividades ruidosas (infraestructuras, como carreteras y aeropuertos, y actividades ruidosas de responsabilidad pública directa, como obras y oficinas), y la administración supervisora de actividades ruidosas (planeamiento urbanístico, evaluación de impacto acústico y control de actividades).

El informe recoge sugerencias y recomendaciones del Defensor del Pueblo que tratan de persuadir a las administraciones públicas de la importancia del bienestar y del pleno ejercicio de las libertades ciudadanas en una sociedad avanzada y de que, tanto en el ámbito jurídico como en el físico, a más desarrollo corresponde más adecuación ambiental.