Gil-Robles había ameazado con presentar recurso de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley si ambos artículos quedaban redactados como los remitió el Gobierno.

El pacto, suscrito minutos antes de que comenzara el pleno del Senado en el que se debate el texto de la "Ley Corcuera", contempla un primer añadido al artículo 20.3:

"En las dependencias a que se refiere el apartado anterior ('retención' en comisaría de un indocumentado) se llevará un libro de registro en el que se harán constar las diligencias de idetificación realizadas en aquellas, así como los motivos y duración de las mismas, y que estará en todo momento a disposición de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal", señalaba el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Y se añade: "... No obstante lo anterior, el Ministerio del Interior remitirá periódicamente extracto de las diligencias de identificación del Ministerio Fiscal".

Durante todo el debate en comisión en el Senado, CiU, que aprobó junto con el PSOE y el PNV el texto egal, ha insistido en la necesidad de precisar la "retención", para que la justicia tuviese inmediato conocimiento de ello y el ciudadano no quedase al arbitrio exclusivo de la Policía.

Por otro lado, el artículo 21 quedará redactado de la siguiente forma: "...será causa legítima para la entrada y registro en domicilio por delito flagrante el conocimiento fundado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que les lleve a la constancia de que se está cometiendo o se acaba de cometer alguno de los elitos que, en materia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, castiga el Código Penal (...)".

En la enmienda de CiU rechazada por el PSOE el martes pasado en la comisión de Presidencia e Interior del Senado, se proponía sustituir la expresión "conocimiento fundado" por la palabra "evidencia", que implica percepción sensorial del delito por parte del agente asaltante en el domicilio.

Los nacionalistas catalanes argumentaban que la expresión "conocimiento fundado" sin añadid alguno abría una vía para que la Policía entrase en el domicilio de un narcotraficante en base sólo a la existencia de pruebas circunstanciales.

EL PP PODRIA SUMARSE

Estas dos modificaciones están contenidas en dos enmiendas transaccionales firmadas por los portavoces de los tres grupos políticos en el Senado, y en las que también existe un hueco vacío con el nombre del portavoz del PP, José Miguel Ortí Bordás.

El propio Ortí Bordás declaró esta tarde que "aunque la última palabra no está dich, soy muy escéptico sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo".

Según fuentes del Grupo Popular, Ortí Bordás está negociando telefónicamente con los dirigentes del PP la posibilidad de que el partido mayoritario de la oposición se sume a las propuestas de PSOE, CiU y PNV.

El debate y votación de estas enmiendas está previsto que se aplace hasta mañana a primera hora, informaron a Servimedia fuentes del Senado, ya que en el momento de elaborar esta información, las 6 de la tarde, no se han acabao de debatir los vetos totales a la ley.