El Defensor del Pueblo ha atendido un “elevado volumen” de quejas de los ciudadanos con las suministradoras de gas y electricidad y ha detectado que los consumidores no saben muy bien ante qué órgano o administración tienen que acudir para resolver sus controversias por la complejidad del sector y “no existe un criterio uniforme” sobre el tipo de discrepancias que deben ser resueltas por los órganos con competencias en materia energética y las que deben serlo por los órganos de consumo.