La iniciativa legislativa fue presentada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien indicó que se trata de un norma “pionera” en Europa y que establece objetivos “ambiciosos” en cuanto a la protección de los menores en la Red.

Bolaños explicó que en la elaboración del Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales han colaborado colectivos, empresas y la propia Comisión Europea, a la que se ha pedido opinión y que ha dado su respaldo. Además, la iniciativa supone la modificación del Código Penal y de otras normas, como la Ley General de Comunicación Audiovisual y la Ley de Protección de Datos Personales.

El ministro explicó que el objetivo es que los derechos de los menores sean “eficazmente protegidos” en Internet, ya que las encuestas indican que tienen su primer móvil a los 11 años y el 99% accede a redes sociales cuando cuentan con un dispositivo.

‘GROOMING’ COMO AGRAVANTE

Sobre las novedades que incluye el proyecto de ley, crea que las “órdenes de alejamiento digital” para que los “agresores” y “violentos” no puedan acercarse a sus víctimas. También se tipifican los ‘deep fakes’ de “contenido sexual o gravemente vejatorio”. Se considerarán. Estas conductas se situarán dentro del delito contra la integridad moral.

En segundo lugar, se obligará a las empresas a tener sistemas de “control parental” que sean “efectivos”. Paralelamente, se establece como delito el poner material pornográfico a disposición de menores “de manera indiscriminada”, algo que actualmente no figura en el artículo 186 del Código Penal.

La norma también incluye que el ‘grooming’ o ‘engaño en línea' a menores como agravante en los delitos contra la libertad sexual. También se eleva de 14 a 16 años la edad de consentimiento para acceder a cualquier red social.

La proposición de ley incorpora como posibilidad la pena de prohibición de acceso o de comunicación en los entornos digitales, lo que evitará tanto la revictimización como la reincidencia.

INTERRUPCIÓN DE SERVICIO

La iniciativa del Gobierno también permite la intervención judicial para la interrupción de un servicio digital que ofrezca un acceso ilimitado a contenido perjudicial para los menores, o la de retirada de dicho contenido.

Otras medidas son que se imponen obligaciones a los grandes operadores de la comunicación y a los 'influencers' como, por ejemplo, utilizar sistemas de verificación de edad, o separar los contenidos que puedan incluir escenas de pornografía o violencia gratuita.

Al mismo tiempo, se obligará a las tecnológicas a establecer enlaces a los “canales de denuncias”, siempre que el contenido que estén difundiendo sea potencialmente perjudicial para los menores.