Así lo asegura en su ‘Informe Anual 2021’, que el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó este viernes en el Congreso de los Diputados, en el que reitera que la saturación de los servicios sanitarios durante el pasado año provocaron las consiguientes dificultades "para continuar prestando una atención ordinaria a los pacientes".

De hecho, el informe destaca que el funcionamiento de los hospitales también se vio muy alterado. Destaca, a este respecto, el grave impacto que supuso el mantenimiento en los centros hospitalarios de las medidas de restricción en el régimen de visitas y acompañamiento de pacientes, "un aspecto que debería ser superado cuanto antes, en tanto se confirme la remisión de la pandemia".

El impacto de la covid-19 se notó también durante 2021 de forma más notable que en 2020, por lo que se refiere al número de quejas recibidas por el Defensor del Pueblo en materia sanitaria. Tal y como se destaca en el informe, "las circunstancias de emergencia sanitaria aún están presentes y la gran mayoría de esas quejas afectan cuestiones directamente relacionadas con las políticas y las medidas administrativas de salud pública, aunque el incremento se ha observado en todas las materias relacionadas con el funcionamiento del Sistema

Nacional de Salud".

CERTIFICADO COVID

Del mismo modo, la instauración del certificado covid de la Unión Europea y las medidas de restricción de derechos que tuvieron que continuar aplicándose durante 2021, especialmente en los períodos de incremento de contagios y de saturación de los servicios sanitarios asistenciales, también han sido motivo de queja ante el Defensor del Pueblo.

Por otro lado y un año más, el informe destacó las quejas relacionadas con incidencias y problemas para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, que afectan a unos grupos determinados de personas extranjeras que viven en España, sobre todo residentes cuya autorización legal, en virtud de lo dispuesto en la normativa de extranjería, está vinculada a la obligación de disponer de

medios propios de atención sanitaria, mediante un seguro público o privado.

SALUD MENTAL

El informe del Defensor del Pueblo del año pasado también destacó que la Atención Primaria mostró igualmente "el efecto de la emergencia sanitaria en la saturación de los servicios, al igual que ocurre en el nivel de atención especializada y hospitalaria".

Asimismo, la salud mental cobró relevancia en los debates públicos, y esto debería impulsar que las diferentes administraciones acordaran medidas concretas de mejora "que no admiten más demora". Con la aprobación de la nueva Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, "cabe esperar que se promuevan planes de acción que de forma eficaz atiendan a las necesidades menos cubiertas en todas las administraciones autonómicas", según el informe.