Así lo indicó a la prensa tras registrar el Informe anual de la actividad de la institución en 2024 en las Cortes Generales, que Ángel Gabilondo entregó a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol en la Cámara Baja.

Gabilondo también habló a los periodistas sobre la actuación que ha realizado junto a las comunidades autónomas “para mejorar la dotación de los equipos multidisciplinares” que participan en ese proceso de valoración; el desarrollo normativo sobre la composición; organización y funciones de estos equipos; el desarrollo normativo sobre la tramitación del procedimiento; los procedimientos de revisión, o la creación de un grupo de expertos que presten apoyo científico y técnico a los equipos y la interacción de los sistemas de dependencia y discapacidad.

“Sigue siendo un reto colosal lograr la máxima inclusión sin discriminación de la población más vulnerable”, dijo. Extendió ese reto a otros colectivos de la población con una llamada a “eliminar cualquier tipo de traba por razones étnicas raciales o de nacionalidad”.

De entre las actuaciones relativas a los problemas que enfrentan las personas con discapacidad, el informe destaca los surgidos a raíz de la aplicación práctica de la modificación normativa de la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que han motivado quejas por la pérdida de diversas ventajas fiscales y sociales.

A juicio de la institución, también es necesario realizar un análisis multisectorial para superar los problemas de "falta de coherencia" en el modelo de atención social a las personas con discapacidad, "que no parecen haberse ajustado de una manera eficaz a la nueva realidad normativa".

DEPENDENCIA

El Defensor detalló a los periodistas que “las resoluciones de las solicitudes que tienen que ver con el sistema de autonomía y atención e la dependencia son la cuarta parte de las quejas en materia de política social” que ha recibido la institución durante el pasado año.

Como en años anteriores, el mayor número de las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo sobre la demora en resolver las solicitudes, recursos y reclamaciones relacionadas con el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), afectaron a las comunidades autónomas de Canarias y de Andalucía.

De entre las actuaciones realizadas por la institución destacan las emprendidas con varias comunidades autónomas sobre la gestión de las listas de acceso a los servicios, el orden de prioridad de acceso a los servicios disponibles y el derecho de la persona interesada a conocer la posición que ocupa en esas listas. Según el informe, se formularon recomendaciones en este sentido a la Comunidad de Madrid y a la Xunta de Galicia. Por otra parte, también se realizó un recordatorio del deber legal a la Comunidad de Madrid para que consigne crédito suficiente en sus presupuestos para hacer efectivos los derechos reconocidos.